El signo de la balanza es una marca indeleble. Un Libra tiende a ser sensible a las necesidades de los demás y suele ser muy sociable. No soporta el conflicto y la crueldad. Es por ello que, desde muy joven, me rebelo frente al abuso, la injusticia y la desigualdad. Por principio, frente al conflicto, mi apego inmediato es por la búsqueda del consenso y el acuerdo. Si bien de manera usual no provoco, cuando es inevitable la confrontación asumo las decisiones con firmeza y carácter.
Por naturaleza soy paciente y creo firmemente en la cooperación y solidaridad. Opuesto radicalmente a toda forma de violencia. La pobreza e iniquidad son los principales retos a superar en la sociedad del siglo XXI. Tolero las íntimas y personales convicciones filosóficas, religiosas, políticas y culturales y exijo igual respecto. Me esfuerzo porque la racionalidad, no desprovista de pasión e imaginación, orienten mis decisiones primordiales.
Provengo de una familia de clase media de Quito, Ecuador. Mi madre dedicó su vida a la crianza de seis hijos: tres mujeres, tres varones. Mi padre estuvo ligado al deporte, la docencia universitaria y la música. Su legado: una ética intachable, férreo carácter y coraje para lograr las metas con inmensa dosis de amor y profunda pasión por lo que uno se propone.
Estas semillas sembradas por la familia maduraron y dieron sus frutos en la escuela, el colegio y en la universidad. Mi apego al deporte, siempre apoyado por mi padre, me llevó a ser parte titular, no solo de las distintas selecciones de fútbol de cada fase estudiantil, sino que me llevó a pertenecer a las categorías juvenil y pre profesional del equipo de mis amores: Liga Deportiva Universitaria (LDU). Esta fase de imborrables emociones formó mi carácter para experiencias futuras. Aprendí, no sin dolor y frustración, que en la vida a veces se gana y otras se pierde, que hay contados días de gloria y triunfo y muchos y más largos tiempos de soledad y derrota. Esta escuela y filosofía de vida del deporte fue definitiva en mi formación como ser humano: siempre se encontrará iguales o peores que uno, y, pese al esfuerzo cotidiano, en el camino de la vida, siempre, pero siempre, habrá alguien, habrán muchos que nos superen, por lo que no tenemos otra alternativa que una constante exigencia y preparación, sin cesar ni amilanarse.
En el ámbito de mi formación humana y educativa tiene particular importancia haber sido estudiante del Colegio Nacional Mejía, el año que fue invadido y clausurado por Fuerzas Especiales de Paracaidistas. Los docentes que fueron expulsados, armados de mística y valor fundaron el Colegio Nacional Experimental Luciano Andrade Marín, en el cual terminé los estudios secundarios. Este fue el contexto que me acercó a la intensa vida política estudiantil que se vivía en la capital de la República, en plena dictadura militar.
Este antecedente estudiantil puso en claro el horizonte que tomarían mis estudios superiores: sería abogado para luchar por los mandatos de la balanza: la justicia.
Estudié en la Universidad Central del Ecuador obteniendo los títulos de Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y doctor en Jurisprudencia y Abogado de la República (Ver). En este tiempo promoví y fundé una de las primeras organizaciones de defensa de los derechos humanos: la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh), que luego de algún tiempo jugaría un papel importante en la difusión y promoción de los derechos humanos en el Ecuador.
1980, en la vorágine del fin de la última dictadura militar, en medio de un intenso activismo político en los claustros universitarios, y luego de beber las primeras pócimas de amargura, traición y desencanto de una militancia estudiantil de radicalidad de cafetín, contraje matrimonio con Gina Chávez Vallejo, con quien procreamos a Ernesto Damián y Santiago M artín. Fuerza y esencia que metabolizaron mi existencia y la proyectaron decididamente, hasta la fecha, que celebramos 40 años de sueños, cuerdos y locos, triunfos y derrotas, felicidades y dolores.
Graduado de abogado fui designado como Secretario de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, instancia de inmenso poder e influencia política que administraba de manera directa la elaboración del Presupuesto General del Estado. Institución en la que trabajé por dos años.
Luego viajé a la provincia de Chimborazo y fui designado Secretario General y Procurador de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH); poco tiempo después, por concurso de méritos y oposición, obtuve el cargo de Docente titular en la ESPOCH y también ejercí funciones de Procurador Síndico del Ilustre Municipio de Riobamba.
En esta provincia tuve la inmensa y grata oportunidad de conocer y colaborar con monseñor Leónidas Proaño en la secretaria del Frente de Solidaridad de Chimborazo. Esta experiencia, con la enseñanza inolvidable del Obispo Proaño, marcó fuertemente el interés de mi vida profesional orientándola a la asesoría y patrocinio jurídico de organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y comunitarias.
A inicios de los 90, regresé a Quito en calidad de alumno, gracias a una beca de estudios, con dedicación exclusiva y presencial, para la Maestría en Ciencias Sociales, siendo seleccionado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador (Ver título/tesis). Financié mi postgrado con préstamo del Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE).
En mi propósito de concluir los estudios de post grado (1993- 94), participé en el concurso para el PhD en la Universidad de Groningham, Noruega, organizado por la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD); llegando a ser uno de los cuatro finalistas.
Trabajé como director de asesoría del departamento jurídico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fui director de asesoría jurídica de la Concentración Deportiva de Pichincha, luego fui contratado como asesor del Congreso Nacional. En esta misma época obtuve el Diploma Internacional en Gerencia Política, otorgado por el INCAE (Ver diploma), Nicaragua y, fui designado vocal titular del Tribunal Electoral de Pichincha.
Para finales de los 90 trabajé como coordinador del Área de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu). Luego me incorporé como coordinador General de la organización no gubernamental internacional: Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), con sede en Ecuador y oficinas en Nueva York y Sud África (Ver). En este período de intensa lucha social en el Ecuador dedico mi esfuerzo profesional a un sostenido activismo en la defensa y promoción de los derechos económicos y sociales en el país y el continente. Promoví múltiples investigaciones y publicaciones sobre este tema.
Fui miembro de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (Pidhdd) conformada por organizaciones de derechos humanos de todos los países de las Américas. En aquella época impulsé y promoví las siguientes iniciativas:
• Patrocinador jurídico de la demanda, contra el Estado, ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de los derechos culturales del pueblo Kichwa-Sarayacu de Ecuador.
• Conjuntamente con el Dr. Chris Jochnick, presentamos la primera demanda frente a la Cidh, contra el Estado ecuatoriano, por violación al derecho a la salud en la aprobación del presupuesto nacional.
• Litigante en la primera demanda ante el ex Tribunal Constitucional del Ecuador contra el Estado ecuatoriano por violación de derechos económicos y sociales por la suscripción de la Carta de intensión con el Fondo Monetario Internacional.
• Co participe en el Amicus Curaie para el caso 11.325 Baena Ricardo y otros contra el Gobierno de Panamá, frente a la Cidh. (Ver)
• Coordinador responsable de la primera auditoría ciudadana al endeudamiento del Estado ecuatoriano con Noruega para la adquisición de tres barcos refrigerados. Investigación impulsada por el CDES que logró el reconocimiento y declaratoria de Deuda Vergonzosa por el parlamento noruego. (Ver)
A finales de los años 90, organicé las primeras iniciativas académicas con las universidades (Católica de Quito y Estatal de Guayaquil) relacionadas con el mundo de los derechos humanos y en particular con los derechos económicos y sociales.
Para inicios del año 2000 desarrollo con mucho entusiasmo, conferencias magistrales, talleres, seminarios y docencia en las universidades: Católica de Quito, Estatal de Guayaquil, Andina Simón Bolívar en sedes de Quito y La Paz en Bolivia, así como en distintas universidades de la región, con preferencia en el enfoque de los derechos económicos y sociales.
En este contexto merecí el altísimo encargo y apoyo mayoritario de las más representativas organizaciones de derechos humanos del Ecuador, quienes me postularon por unanimidad, como Candidato a Defensor del Pueblo, elección que no prosperó en el Congreso Nacional de la época, por la férrea oposición de los partidos políticos con representación parlamentaria.
Concluida mi responsabilidad en la dirección del (CDES), dediqué mi trabajo al ejercicio profesional en la abogacía, llevando a cabo, entre otras, la consultoría internacional para la Cooperación Europea en la evaluación de políticas europeas para los Derechos humanos de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia; consultoría internacional para la elaboración de propuesta normativa de los pueblos indígenas de tierras bajas, para la nueva Constitución en la Asamblea Constituyente de Bolivia; consultoría internacional para la evaluación y reingeniería estratégica de la ONG Ceades en Santa Cruz, Bolivia (Ver); y, consultoría internacional para la organización belga: FOS (Fonds voor Ontwikkelings Samenwerking) sobre la evaluación del estado de los DDHH de los trabajadores en la industria bananera del Ecuador con la Fenacle, Ceols (Ver).
En estas circunstancias el H. Congreso Nacional del Ecuador, a fines del mes de mayo del 2007 me elige como vocal del ex Tribunal Constitucional del Ecuador y el mes de julio de ese año, el Pleno de ese organismo, me designa como su presidente. Al mes siguiente el H. Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador me confirió un reconocimiento. (Ver resolución)
Con la vigencia de la nueva Constitución de Montecristi y ante las lagunas jurídicas que no fueron debidamente cubiertas por los asambleístas constituyentes, el Pleno del ex Tribunal Constitucional (Ver Registro Oficial) asume las responsabilidades jurisdiccionales que manda la nueva Constitución y me elige, temporalmente, como Presidente de la Corte Constitucional para la Transición, hasta ser legalmente reemplazado en los términos y condiciones fijados en la Constitución del 2008, esto es, hasta tanto estén debidamente conformadas todas las nuevas funciones del estado constitucional de derechos y justicia. (Ver)
En el mes de febrero del 2011, "coincidencialmente", cuando la Corte Constitucional se aprestaba a emitir su pronunciamiento respecto de la Consulta Popular convocada a solicitud del Presidente de la República, donde se obligaba a los propietarios de bancos a dedicarse a su actividad bancaria y no a intervenir en actividades de comunicación social, se establecían responsabilidades penales a quienes no afiliaban a la seguridad social a sus trabajadores, entre otros temas, un asambleísta denunciaba un supuesto ilícito cometido por funcionarios y jueces de la Corte Constitucional, al que se denominó: Caso Cervecería. La Contraloría General del Estado (Ver), luego de más de ocho meses de investigaciones en las cuentas y bienes de todos los jueces, familiares y funcionarios de la Corte, emitió los resultados finales de su auditoría exonerando de responsabilidades administrativas, civiles y penales a los servidores acusados por el temerario denunciante. Paralelamente, la Fiscalía General inicio la indagación previa acogiendo la denuncia y sometió a todos los jueces, juezas y servidores de la Corte a los procesos y pesquisas pertinentes.
Luego de más de dos años de iniciada la indagación la Fiscalía General estableció que el denunciante en todo el proceso no aportó una sola prueba sobre el supuesto ilícito por lo que se abstuvo de acusar y solicitó a la Corte Nacional de Justicia el archivo del proceso. (Ver).
Las decisiones y resultados de la Fiscalía General, de la Corte Nacional de Justicia y de la Contraloría General del Estado, no merecieron la difusión mediática intensa y reiterada que en su momento dieron a la denuncia. Hasta la presente fecha, sigo a la espera que los medios difundan como corresponde los resultados de estos procesos judiciales y administrativos que en su momento tuvieron un claro intento de asesinato de imagen pública para de esta manera lograr que la Consulta Popular no prosperara. Sin embargo, aún hoy, uno que otro, sin éxito, intenta reavivar, sin razón jurídica, pudor o ética profesional, este hecho resuelto de manera definitiva por la justicia ecuatoriana y que constituye cosa juzgada.
En el caso alrededor del cual se desató la tormenta mediática, a mi solicitud, estuve bajo excusa, aprobada por el Pleno de la Corte, (Ver Documento Oficial), en consecuencia me mantuve impedido legalmente de conocer, tramitar o pronunciarme respecto de este expediente, el mismo que luego fue resuelto por la Corte, cuando yo no formaba parte de este alto organismo.
Nuevamente de manera "casual y coincidente" en el mes de febrero del 2011 se lanza una campaña mediática sin precedentes para posicionar la idea que la Corte Constitucional y de manera directa su presidente, "ordenamos la libertad de un violador de una niña." Luego de semanas de un sistemático ataque mediático, procesalmente salió a la luz pública que la decisión de incluir en la lista de personas perseguidas por la justicia y que a criterio de la Asamblea Constitutente, bajo presidencia del economista Alberto Acosta, debian ser beneficiadas por la Amnistía, estaba el señor Floresmilo Villalta; otrora, lider campesino exaltado al altar de héroe ecologista y luego abandonado a su suerte, hasta la concesión de la Amnistía con informe favorable de la Comisión de Justicia y voto del pleno de la Asamblea Constituyente. La Corte Constitucional nunca ordenó la libertad del señor Villalta, únicamente dispuso se dé cumplimiento a la decisión adoptada por la Asamblea Constituyente. Verdad jurídica y procesal que al igual que en el caso denominado Cervecería, no mereció ni la atención ni publicidad de los medios que denunciaron insistentemente la supuesta arbitrariedad de la Corte. Todos los documentos, análisis y pruebas obran del expediente constitucional.
En el mes de noviembre de 2012, luego del proceso de concurso de méritos, oposición y escrutinio público, entre 27 candidatos, junto a juezas y jueces que obtuvimos los más altos puntajes, fuimos posesionados, los nueve integrantes de la primera Corte Constitucional, por el Pleno de la Asamblea Nacional (ex Congreso Nacional). Durante la primera sesión de la Corte Constitucional se me elige como su presidente. En 2012, el Colegio de Abogados de Pichincha me otorga un reconocimiento por cumplir 25 años de ejercicio profesional en defensa de la justicia y el derecho. (Ver reconocimiento) Además, en este mismo año la Universidad Técnica Luis Vargas Torres me otorgó la condecoración "Luis Vargas Torres". (Ver resolución)
Para quienes tengan interés en conocer mi producción y aporte jurídico como juez constitucional, así como los detalles de mi gestión en la Presidencia del ex Tribunal, la Corte Constitucional para la transición y la primera Corte Constitucional, les invito a realizar un breve recorrido por el trabajo efectuado. Ver gestión como presidente... Ver labor como Juez...
Mantengo la firme convicción que nuestros países, las judicaturas, la academia y los investigadores jurídicos han contribuido de manera sustantiva al desarrollo del debate en el campo del derecho y la justicia constitucional. Esta experiencia es necesaria analizarla y debatirla. Por ello, promoví la Red para el Constitucionalismo Democrático con sede en casi la totalidad de países en Centro y Sudamérica (Ver noticia).
En este mismo periodo promocioné y fundé la Red Intercortes, con el apoyo invalorable de la Corte Constitucional de Colombia, su presidente y la activa participación de Salas, Tribunales y Cortes Constitucionales de la región. Uno de los principales propósitos de esta iniciativa es la construcción del juis comunis constitucional que incorpore las visiones y aportes jurisdiccionales del Caribe, Centro y Sudamérica.
A partir del año 2000, hasta la presente fecha, he sido conferencista invitado a disertar sobre derechos económicos, sociales y culturales; el constitucionalismo democrático y, particularmente sobre derecho constitucional en las universidades: Católica de Santiago de Chile, UNAM de México, UBA de Argentina, Externado de Colombia, Bogotá Colombia; Universidad del Estado de Ceará, Fortaleza, Brasil; Centroamericana de San Salvador en El Salvador; Centroamericana en Costa Rica; de La Habana en Cuba; Complutense de Madrid; Valencia y Castilla de La Mancha en España, entre otras (Ver 13 certificados). Invitado por la Universidad Autónoma de Madrid (Ver certificado), la Universidad Nacional Autónoma de México (Ver certificado) y la Universidad de Valencia (Ver certificado). Además, de haber sido invitado como Jurado de Honor del Premio al Ensayo en Derechos Humanos 2012 que tuvo como tema; "Los derechos de los pueblos indígenas y el derecho internacional de los derechos humanos", de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (American University Washington DC) (Ver Certificado).
El Senado de la República de Chile a través de su presidente me otorgó la Medalla Bicentenario en reconocimiento al aporte realizado para el desarrollo del pensamiento constitucional en la región (Ver foto/certificado). En similares términos me reconoció la Academia de Ciencias de República Dominicana (Ver foto/certificado). He sido invitado a dictar múltiples conferencias y charlas académicas por los Tribunales y Cortes Constitucionales de la región. (Ver).
En 2015, el Asambleísta del distrito 34 me hizo un reconocimiento y agradecimiento por la labor con la comunidad ecuatoriana de Nueva York. (Ver certificado). Además, fui invitado como ponente en el Seminario Iberoamericano sobre Constitucionalismo de la Seguridad Social (Ver certificado).
He realizado varias publicaciones (ver Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol 67/68; Otras caras de la deuda propuestas para la acción; Actuando Juntos, Fortalecimiento del sistema Interamericano de Derechos Humanos, AMICUS CURIAE, Caso 11.325 Baena Ricardo y otros con el Gobierno de Panamá; La Nueva Economía en la Nueva Constitución del Ecuador) y libros, entre otros: "Descifrando caminos del activismo social a la justicia constitucional", y, "Aproximación al nuevo constitucionalismo. Debate sobre sus fundamentos"; trabajo, este último, que me permitió obtener mi segundo título de cuarto nivel: el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad de Valencia, España. Ver publicaciones...
Concluido el programa de doctorado "La Europa de las libertades" (2009), en la Universidad de Valencia, España, con fecha 17 de abril de 2015, luego de la defensa de tesis se me confirió el título de Doctor en Derecho Constitucional (PhD), obteniendo la nota de EXCELENTE CUM LAUDE (Ver), siendo los miembros del Tribunal:
- Dr. Luis López Guerra, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.
- Dr. José Asensi Sabater, Catedrático de la Universidad de Alicante.
- Dra. Josefa Ridaura Martínez, Catedrática, acreditada, de la Universidad de Valencia.
El mes de junio del 2015, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos( (OEA), por votación favorable de 22 representantes de los 23 estados parte del organismo, obtuve una de las votaciones más altas con la cual se me eligió como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH para el periodo 2016 - 2021. El mes de enero del 2020, por elección del pleno de la Corte, asumí la Vicepresidencia del alto Tribunal para el período 2020-2021. Actualmente en funciones.
Pongo a consideración de la comunidad nacional e internacional mi hoja de vida, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
Pongo a consideración de la comunidad nacional e internacional mi hoja de vida, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
